.-   Fijar compromiso público para denunciar cualquier proyecto dirigido a repostular al presidente de La República mediante ningún artificio legal o de hecho.

2.-   Consignar como prioridades de la lucha contra los procesos de defraudación a El Estado, la implementación de controles en los métodos de ejercer la transparencia y corrección en la inversión de los fondos públicos cargados a las cuentas y ejecutorias de todas las dependencias oficiales, declarando de emergencia la aprobación de una ley que establezca la independencia ante el poder ejecutivo de la Contraloría General de la República, la cual ha de nombrar y ejercer las funciones de contraloría permanente en todas las dependencias de El Estado Dominicano, en las  que se inviertan y dispongan gastos de los fondos del Erario Público, incluidos los Ayuntamientos, Bancos  y todas las demás dependencias autónomas, incluídas aquellas que jurídicamente correspondan al ámbito de sociedades privadas de participación estatal.

3. Consignar como prioridad del Gobierno, establecer con transparencia y corrección jurídica las calidades económicas de todas las propiedades de cada servidor público con responsabilidades en las decisiones ejecutivas que impliquen autoridad sobre la disponibilidad de fondos públicos, incluyendo las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos, y sus saldos al día sobre todas las propiedades que determine la ley, siendo siempre, dichas declaraciones juradas, completamente oponibles y sustentables ante terceros jurídicamente interesados. Toda declaración tardía debe ser probada y cumplir con las compensaciones y gravámenes impositivos que determina la ley. Todos los funcionarios públicos deben presentar sus liquidaciones de impuestos anualmente, a  la fecha que determina la ley, y la violación de dicha ley implica la suspensión automática en sus funciones y su obligación penal de rendir sus obligaciones impositivas.

 4.- Iniciar un proceso de transformación radical de los métodos aplicados por el Ministerio Público para el control de la criminalidad social, a partir del fortalecimiento de la prevención y la represión de la libertad del delincuente, en procura de su inserción social deseada.

5. Consignar el estímulo y respeto irrestricto a las reivindicaciones laborales vigentes,  asegurando el compromiso de nunca pretender defraudar o desconocer los derechos consignados en las leyes de trabajo, buscando siempre su reforzamiento mediante la aplicación de las leyes de trabajo vigente y otras que puedan ser votadas a favor del incremento de las oportunidades de los trabajadores para insertarse cada vez de forma mejor valorable y aumentar así su capacidad y rendimiento en el desarrollo nacional de la producción y el fortalecimiento económico de La Nación.

 

6.-    Fortalecer el proyecto de Ley de Partidos Políticos, consignándose en la misma los derechos a la representación proporcional de los partidos según el número de sufragios obtenidos tras los comicios electorales correspondientes, así como la asignación de fondos de forma que los representantes de las minorías alcancen a equilibrar sus operaciones corrientes, siguiendo fórmulas que tiendan a reconocer el valor

7.-      Como parte de los acuerdos posibles a ser pactados, nuestro partido ha de obtener el compromiso de poder contar con el respaldo de la organización aliada a por lo menos dos de nuestros candidatos a legisladores representantes de las comunidades en el extranjero.

8.-   Los planes de Seguridad Social vigentes deberán ser revisados para procurar su extensión gradual hasta toda la población obrera nacional y la de sus relacionados, incluidos los trabajadores independientes, asegurándose siempre la transparencia y ejercicio público económico de todos los agentes empresariales involucrados en la ejecución de dichos procesos.

9.-  Los fondos de pensiones de los trabajadores han de ser invertidos en un monto de hasta un ochenta por ciento en proyectos de viviendas (20 por ciento es el monto de prevención recomendado por las probabilidades históricas para atender a las obligaciones corrientes de los montos lógicos de saldos y obligaciones por cumplir), dedicadas exclusivamente a los trabajadores cotizantes de los planes de ahorros y pensiones. Una ley de respaldo a dicho proyecto ha de consignar la participación de El Estado ofreciendo facilidades para la obtención de los terrenos urbanizables en distintos lugares del país donde los proyectos fueren viables que garantice el equilibrio irrestricto del hecho financiero involucrado, a través del Banco Nacional de la Vivienda.

10.-   La Revisión de la racionalidad legal, perntinencia social y ambiental de los contratos mineros vigentes, asegurando la independencia y los fueros nacionales sobre las propiedades involucradas así como los beneficios financieros a que la lógica de los tratados internacionales y comerciales comunes nos han de hacer acreedores sin ser expoliados por contratos viciados y conducidos por asociaciones colusivas y avasallantes ejecutadas contra todo los intereses de La Nación Dominicana.

11.-  La conducción del desarrollo de los planes educativos han de comprometer la racionalización de los recursos invertidos, la transparencia pública de las inversiones hechas y los presupuestos asignados de tal forma que los gastos sean sustentados de modo lógico y legalmente oponibles y sustentables ante cualquier revisión pública o privada hasta lograr el máximo de su racionalización. Los planes de ampliación de los horarios de la educación primaria y secundaria han de ser puestos en ejecución en un plazo no mayor de dos años, luego de ajustarse los presupuestos que lo hagan viables, dirigidos en el sentido de incrementar el tiempo de presencia activa de los alumnos junto a sus maestros, en, cuando menos, dos horas, incluidos desayuno y almuerzo escolar para el universo de todos los alumnos de las escuelas conducidas bajo el sistema de educación oficial..

12.-   La Universidad Autónoma de Santo Domingo será llamada a reestructurar, modernizar y racionalizar el rendimiento de sus gastos en función de su rendimiento como centro masivo de formación profesional sustentado por El Estado, siguiendo siempre la lógica de oportunidades y derechos abiertos a todos los estudiantes dominicanos que estén en condiciones de aprovechar la inversión hecha en su formación profesional de la manera más eficaz.

13.-   La Ley Sobre el Derecho a la Información Pública debe ser sustentada e impulsada por el poder ejecutivo, estableciéndose una Dirección General de Información Pública, dependiente de la Contraloría General de la República con representantes en todos los Ministerios  de Estado, así como en las oficinas centrales de todas sus dependencias decentralizadas, las cuales estarán obligadas mediante La Ley a rendir todas las informaciones corrientes requeridas a través de la misma por los medios correspondientes.

   14.-  El Gobierno propiciará e impulsará la identificación y tasación de todos los bienes muebles e inmuebles del Estado, atendiendo a un plan ordenado de mediciones en todo el territorio nacional, tras el cual quedarían identificadas y valuadas todas las propiedades públicas y privadas siguiendo normas generales.