El PRSD, El Partido del Toro, orientado bajo las gravitantes experiencias políticas de su Presidente, Hatuey De Camps, se aboca a acometer la urgente lucha que demanda el atropellante y truculento estropicio excretado por los diputados nacionales al violar la Constitución Nacional de modo tan escandaloso que hubo de alarmar al propio Presidente, tanto así, que éste se sintió compelido, por la vergüenza ajena, a devolver, -si, devolver- sin nisiquiera darse los requisitos para cuidar la forma de la "Observación", fijados en la misma constitución para dar cumplimiento a este instrumento de nuestra armadura democrática legislativa.
Esta conducción del proceso, sinembargo, ha devenido en un feo espectáculo antidemocrático que coloca la legalidad de nuestro propio Ordenamiento Legislativo, al Poder Ejecutivo y al al Poder Judicial, en un estado de indigencia moral, hasta tal extremo que todos quedan abocados, a partir de este tropezón gallego, a lucir tatuados por la ilegitimidad de sus actos, frente a la luz de los razonamientos más sensatos de toda la ciudadanía.
No obstante, es el propio poder judicial, representado por su más alta representación: La Suprema Corte de Justicia, el mejor llamado a enderezar el entuerto cosido por nuestros legisladores.
El artículo 46 de nuestra Constitución, prevé, -por suerte-, que "Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.", por cuanto, a cualquier instancia de nuestro ordenamiento, le vale desestimar el valor de lo contenido en documento de marras, el cual pretendía ser la ley que adecuara las reglas para la constitución y operación del Tribunal Constitucional, órgano de trascendencia mayor en materia de nuestro ordenamiento como estado, previsto como nuevo instrumento dedicado a la tutela de la correcta aplicación de las disposiciones constitucionales.
Las violaciones a la mayor regla nacional, cometida conscientemente, discutidas, conocidas y advertidas por todos los sectores políticos, civiles, religiosos, generacionales, profesionales y sociales en general, cometidas por la estulticia colectiva aposentada en los pasillos del liderazgo legislativo nacional, incluida la aprobación cómplice del Senado mismo de La República, al servirle al Estado y presentarle al Presidente, tras un proceso tan espurio, la falsa aprobación de la ley que organiza el susodicho Tribunal Constitucional, mediante votación insuficiente de menos de las dos terceras partes de los votantes presentes al ser conocida dicha ley por los diputados constituidos en asamblea legislativa, contraviniendo un mandato preciso, taxativamente exigente de las condiciones que consagran su validez fundamental.
El PRSD, El Partido del Toro, se propone conducir la ruta de las correcciones contra la trasngresiones a la legalidad. La Ruta tiene que ser La Ruta Corregida.
miércoles, 30 de marzo de 2011
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